Las más altas en 22 años: la Reserva Federal aprueba nuevo aumento de las tasas de interés

Aunque la inflación ha frenado su aumento en los últimos meses, los precios al consumidor siguen altos en el país.

El aumento aprobado fue de un cuarto punto (0.25%), medida que restringirá aún más el acceso a créditos para negocios y consumidores y la cual deja la tasa referencial entre 5.25 % y 5.5%, la más alta desde 2007.

La decisión es un claro mensaje de la Reserva Federal en su batalla contra la inflación y para lograr su objetivo de que esta caiga al 2%, a pesar de que la inflación interanual en junio pasado fue del 3%.

Aunque la inflación ha disminuido en los últimos 12 meses, los consumidores siguen enfrentándose a los altos precios de los alquileres, viviendas y carros usados, entre otros.

Al aumentar sus tasas de interés, la Reserva Federal espera encarecer los préstamos y la inversión, reduciendo así la demanda general de bienes, servicios y mano de obra en la economía.

“La inflación sigue obstinadamente alta”, dijo Greg McBride, vicepresidente senior y analista financiero jefe de Bankrate. “La economía ha sido notablemente resistente, el mercado laboral aún es sólido, pero eso puede estar contribuyendo a la inflación alta”, dijo McBride. “Así que la Fed tiene que apretar los frenos un poco más”.

La Reserva Federal se encarga de equilibrar el desempleo y la inflación. En este momento, la tasa de desempleo, en 3.6%, sigue siendo históricamente baja.

Por primera vez en 15 meses, la Reserva Federal mantuvo en junio su tasa de interés clave sin cambios después de haberla subido 10 veces seguidas para combatir la alta inflación.

Publicado en TELEMUNDO Digital el 26 de julio del 2023

Incentivo de hasta $15,000 para placas solares a familias de clase media

La ronda de turnos para los interesados en solicitar el beneficio se llevará a cabo el jueves 10 de agosto.

Ciudadanos de clase media con ingresos de $84,400, en aquellos casos en que la persona vive sola, o hasta $158,400 para familias con ocho miembros, podrán solicitar el próximo 10 de agosto la ayuda de hasta $15,000 para la instalación de un sistema de placas y baterías bajo el Programa de Incentivo Solar del Departamento de la Vivienda.

Así lo informó en entrevista con Primera Hora el secretario de Vivienda, William Rodríguez, al explicar que la iniciativa busca dar apoyo económico a gran parte de la fuerza trabajadora del país a fin de que puedan establecer en sus hogares un sistema de energía solar que responda a las constantes interrupciones de servicio eléctrico que ocurren en la isla, así como mitigar riesgos -particularmente para la salud y la seguridad- ante futuros desastres naturales.

La entrega de boletos a los interesados en el incentivo del programa -que se sustenta de $100 millones de fondos CDBG-MIT- se llevará a cabo en una sola ronda el jueves 10 de agosto, a partir de las 8:00 de la mañana.

“Contará con un total de 6,000 boletos. De estos, habrá 4,000 boletos disponibles en internet a través de la página http://www.incentivosolar.pr.gov; otros 1,000 se otorgarán a través de un centro de llamadas; y los otros 1,000 se darán físicamente a través de los 10 centros de registro que tenemos alrededor de la isla”, puntualizó Rodríguez al agregar que estas oficinas están ubicadas en Aguadilla, Mayagüez, Arecibo, Ponce, Vega Alta, San Juan, Caguas, Yabucoa, Fajardo y Orocovis.

Los criterios de elegibilidad son parecidos al Programa Nueva Energía -destinado a personas de ingresos bajos o moderados- e incluye lo siguiente: la vivienda del beneficiario debe ser unifamiliar (no se permiten apartamentos); la propiedad debe ser la residencia principal del solicitante (no se aceptan propiedades alquiladas); y el solicitante debe ser ciudadano estadounidense, nacional no ciudadano, o extranjero cualificado.

Además, es importante que, para el 10 de agosto, al momento de solicitar el boleto, la persona tenga un acuerdo o contrato de instalación junto a un formulario de reconocimiento y consentimiento ambiental. Otro dato a consideración es que no puede haberse comenzado la instalación del sistema al momento de solicitar el incentivo.

En cuanto a los ingresos, se establece que deben estar entre el 0% hasta 200% del Ingreso Familiar Promedio del Área (AMFI, por sus siglas en inglés).

Pero, ¿qué significa esto? En términos básicos el límite de ingreso varía de acuerdo con la composición familiar. Por ejemplo, en un hogar con una sola persona, el ingreso máximo es $84,400; si hay dos es de $96,000; si son tres personas es $108,000; si son cuatro miembros aumenta a $120,000; si son cinco serían $129,650; en el caso de seis el tope es $139,200; con siete miembros se eleva a $148,800; y con ocho personas bajo el mismo techo serían $158,400.

“Este programa va a proveer el 30% del costo de instalación de placas solares y baterías o $15,000, lo que sea menor”, subrayó Rodríguez.

Aclaró que en aquellos casos en que las personas pagaron el 100% del trabajo durante el proceso de contrato, se trabajará el pago como un reembolso.

“Es importante que las personas sepan que tienen que tener la capacidad de cubrir el 70% de la instalación y que el contrato debe ser con alguna de las 79 compañías que han firmado el acuerdo con el Departamento de la Vivienda”, explicó.

Los costos subvencionales no incluyen la financiación, sino solo los costos de diseño, equipo e instalación.

Una vez se emita el boleto, las familias tendrán 120 días para completar la solicitud. La agencia evaluará el cumplimiento de requisitos (titularidad, ingresos del núcleo familiar, entre otros) para determinar la elegibilidad o no asistencia del programa en un periodo que no debe exceder los 90 días.

El proceso de elegibilidad también incluye una revisión ambiental para examinar el proyecto y sus posibles impactos ambientales, además de que cumpla con las normas federales, estatales y locales.

“Después de todas estas revisiones las familias tendrán 12 meses para completar el proceso de instalación con su compañía de preferencia”, dijo Rodríguez sobre el proceso que deben completarse con una reclamación de desembolso de subvención del programa.

¿Están preparados para la avalancha de solicitudes de boletos?, se le cuestionó al jefe de agencia.

“Definitivamente, estamos preparados y la expectativa es que se agoten tan rápido como la ronda anterior”, respondió Rodríguez.

El pasado 27 de abril, cuando arrancó la primera ronda del programa Nueva Energía, los 3,380 turnos que se repartieron para solicitar el incentivo se agotaron en menos de una hora.

Empieza la instalación a las familias de escasos recursos

De otra parte, el secretario de Vivienda explicó que la agencia empezó a otorgar los $30,000 a las familias que solicitaron los incentivos de hasta $30,000 del programa Nueva Energía, mediante el cual familias de bajos ingresos podrán instalar sistemas de placas solares y baterías recargables en sus hogares.

Rodríguez acotó que de las personas que hicieron turno, unos 2,599, sometieron las solicitudes con la información requerida. Faltan 781 sujetos que deben entregar los documentos para el 26 de julio, fecha en que se cumplen los 120 días establecidos en reglamento.

De otra parte, indicó que 638 familias ya fueron cualificadas y están listas para comenzar el proceso de compra e instalación de equipo.

Publicado en Primera Hora Online, primerahora.com, el 12 de julio de 2023

¡Saludos colegas Corredores y Vendedores de Bienes Raíces!

Sylvia Realty Instituto de Bienes Raíces, es una institución a la vanguardia que se une a los nuevos retos y los cambios que surgen con los tiempos.

Por años, ha sido una institución presencial, ahora ha evolucionado para cumplir con tiempos modernos convirtiéndose además en una que ofrece sus cursos en línea o cursos “online”.

Contigo en mente, hemos incluido en nuestro currículo clases de educación continua en línea, un aula virtual para facilitar a todos aquellos que les gusta la tecnología adquirir sus conocimientos tomando sus clases en línea.

Las ventajas que ofrece esta la modalidad online para tomar clases y  educarnos son innumerables y realmente beneficiosas. Una de ellas, para mí, la más importante es que usted puede estudiar desde la tranquilidad de su hogar u oficina.

Además, ofrece a nuestros compañeros que tienen licencia de corredor o vendedor y que no viven en Puerto Rico, o que viven fuera del área metropolitana la oportunidad de mantener sus requisitos de clases continuas al día. Esto con el fin de mantener su licencia  sin la preocupación de que tienen que venir presencialmente a tomar clases.

Reconocemos, que muchas veces hacer cambios toma tiempo, esfuerzo y energía pero, al final verá que estudiar a su hora, su tiempo, desde el sitio que desee, junto a su familia, sin abandonar su casa o oficina no tan sólo le economiza tiempo sino que le va a economizar dinero. Sea usted quien dicte cuando y donde desea adquirir conocimiento y a que velocidad va a  estudiar.

Ya, nuestra Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces incorporó sus solicitudes y renovaciones en línea y esto es indicativo en que todos tendremos a atemperarnos con los tiempos y comenzar a utilizar este sistema.

No resista el cambio, únase y verá que será una bendición tanto para usted como para su familia.

¡Bendecidos!,
Martha Sylvia Torres

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En momentos en que el alza en los intereses ha golpeado al sector de los bienes raíces en la Isla, la Cámara de Representantes se apresta a radicar el Proyecto de la Cámara 1416, que impondría nuevos requisitos al cierre de la compraventa de propiedades en efectivo, herencia o donación, lo que representantes del sector consultados por EL VOCERO aseguraron encarecerá el proceso.

La medida, presentada por el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández, había sido declarada inconstitucional por el tribunal, y se radicó nuevamente con disposiciones que los representantes del sector aseguran que son más peligrosas.

El abogado financiero Rafael Ferreira Cintrón, es el portavoz de los componentes del mercado de los bienes raíces, que incluye corredores de bienes raíces, investigadores de título, notarios y pasados integrantes de la Junta Examinadora de Vendedores y Corredores de Bienes Raíces.

Según explicó, la medida encarece el cierre, no solo de propiedades bajo compraventa, sino también la división de bienes gananciales y las herencias, que estarían obligadas a presentar una tasación y una mesura. Expuso que la medida exige que el comprador certifique la procedencia de los fondos o presente seis estados de cuenta para evidenciar de dónde provienen los fondos. De no tenerlo, vendría obligado a presentar una declaración jurada, que Ferreira Cintrón entiende es una invasión directa a la privacidad del comprador.

“Nadie va a un notario con $100,000 en efectivo para la compra de una propiedad. Ese dinero va en un cheque de gerente y la banca ya tiene sus reglamentos para velar este tipo de transacción. Ahora quieren transferir la responsabilidad de velar al notario, la cual no les corresponde. Hay muchas personas que han ahorrado por años para hacerse de su terreno o su hogar”, afirmó Ferreira Cintrón.

“Ya muchas transacciones con financiamiento se están afectando porque no cualifican ante el alza en los intereses, lo que va a seguir sucediendo. A esa crisis ahora añaden estos nuevos requisitos que afectan procesos de divorcios, herencia, donaciones, es la tormenta perfecta contra el sector de bienes raíces”, abundó, tras asegurar que también dilata los procesos, de 30 días a sobre 90 a 120 días.

Según Ferreira, el propósito legislativo persigue detener prácticas de pasar dinero por debajo de la mesa, lo que aclaró que es difícil porque nadie conoce los procesos entre partes particulares, además de que la persona puede comprar o vender un activo al precio que desee.

“Eso es un derecho constitucional. Una transacción entre dos personas es entre esas dos partes, no puede condicionarse a un tercero. Este es un país donde se separa la industria privada del gobierno y el estado no tiene que meterse en lo más mínimo”, sostuvo el licenciado.

Reaccionan los realtors

Con los argumentos de Ferreira Cintrón coincide la presidenta de la Asociación de Realtors, Rubi González, quien entiende que la medida puede ser detrimental para el consumidor y para la industria en general.

Para González, incluir como nuevos requisitos el informe de tasación, el plano de mensura y la certificación de procedencia de los fondos —en la planilla que presentan los notarios al Departamento de Hacienda cuando realizan transacciones relacionadas con la segregación, agrupación o traslado de titularidad de bienes inmuebles en ventas en efectivo— no solo encarece el proceso, sino que dilata la transacción.

“Esta medida no tiene ni principio ni final. Las partes acuerdan el precio. En este momento, en que las transacciones de compraventa en los bancos se está reduciendo, es otro golpe al sector de los bienes raíces. Aquí muchos legisladores, la banca y el pueblo están bien proactivos en contra de la aprobación de la medida”, aseguró la realtor.

Indicó que ya existen los mecanismos en el gobierno para velar este tipo de transacción y medidas para allegar fondos al gobierno, como está haciendo el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Por su lado, el realtor Milton Serrano Junior, entiende que es una intervención del estado que perjudica el ritmo natural del negocio de bienes raíces y tiene un efecto adverso en la apreciación de los bienes inmuebles.

Apuntó que la propuesta afecta el patrimonio de las familias puertorriqueñas y provoca demoras en el trámite de compraventa de propiedades y un cargo adicional oneroso para los vendedores y compradores.

Afirmó que los gastos adicionales, que significarían miles de dólares en transacciones residenciales en muchos de los casos, harán que la transacción no sea viable.

“Estos nuevos requerimientos son una intromisión indebida e inconstitucional del estado en las negociaciones de propiedades inmuebles privadas entre los ciudadanos que participan de dichas transacciones, ya que su efecto crea una disonancia cognitiva que afecta las expectativas de las partes creando fricción y dudas en una decisión ya tomada libre y voluntariamente”, puntualizó.

Planteó que hay limitación en el número de profesionales que se necesitan para dar cumplimiento a estos nuevos requisitos.

“En la actualidad, estos profesionales ya confrontan dificultades para presentar con agilidad y prontitud las evaluaciones que llevan a cabo”, indicó.

Ambos realtors entienden que esta legislación afecta las transacciones de emergencia, a las que los propietarios recurren para operaciones quirúrgicas y tratamientos de salud y para evitar la pérdida por situaciones de quiebra o desempleo inesperado, entre otros motivos que se manejan a diario en el País.

Banca hipotecaria

La presidenta de la Asociación de Banca Hipotecaria, Luzmarie Vélez, entiende que el interés del estado en evitar que las personas dejen de informar el monto real de las transacciones en efectivo o que informen valores más bajos para evadir responsabilidades contributivas, no necesariamente se subsana con este proyecto de ley.

“Esta medida no impulsa el sector de los bienes raíces ni el desarrollo económico de la Isla. La misma impone al notario el deber de fiscalizar lo que no le corresponde, cargas económicas adicionales y dilata los procesos. Impacta a todos los componentes del sector”, puntualizó.

Publicado en El Vocero el 9 de diciembre de 2022