Aseguran que la venta de propiedades a extranjeros es menos del 10%

Sectores vinculados a la industria hipotecaria desmienten el alegado discrimen existente en la Isla a la hora de rentar o vender una propiedad, polémica que ha trascendido fuera de Puerto Rico.

Según los argumentos que se discuten públicamente, hay corredores de bienes raíces y dueños de propiedades, que se niegan a entregar a los puertorriqueños la información necesaria para la compra o alquiler de una propiedad, porque prefieren hacer la compraventa con extranjeros.

El actor puertorriqueño, Ismael Cruz Córdova —quien reside en Los Ángeles, California—denunció esta situación cuando intentó comprar una propiedad en Puerto Rico. Otra de las quejas es el uso exclusivo del inglés en la mayoría de los anuncios y las exclusiones, como por ejemplo, que la oferta está disponible solo para parejas sin hijos.

Rubí González, presidenta de la Asociación de Realtors de Puerto Rico (ARPR), admitió que utilizar el idioma inglés para promover una propiedad limita el acceso a los clientes de habla hispana.

“No quiero decir que se haga en un solo idioma, sino en ambos idiomas. Es lo más recomendable y lógico para incrementar las oportunidades. Cada caso se tiene que ver por separado. Hay que ver cuáles son las directrices de las franquicias y hablarles del mercado hispano. Hay suramericanos con mucho dinero —no solo son los americanos y europeos—, el dinero es el mismo”, expuso González.

La realtor expuso que si una persona entiende que es objeto de discrimen puede radicar una querella ante la Asociación de Realtors —si el vendedor es un corredor de bienes raíces afiliado — o ante la Junta de Corredores de Bienes Raíces, si quien incurre en el alegado discrimen no es realtor.

Otro foro al que también pueden acudir es al tribunal. Ariadna Godreau, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), explicó que la Ley de Vivienda Justa, regula el proceso desde el anuncio y la promoción hasta el financiamiento.

“Existe el discrimen directo como el indirecto. El directo puede ir desde negarse a vender o alquilar una propiedad por ser negro, mujer, tener hijos o solo para los que hablen inglés. Igual está el discrimen indirecto donde la práctica utilizada impacta a una comunidad específica”, detalló.

Sin embargo, apuntó a que esta ley no aplica a todo el mundo. Entre las excepciones figuran las propiedades manejadas por grupos específicos, como pudiesen ser los frailes Capuchinos —donde todo el que resida en los predios debe responder a esta práctica religiosa— y las égidas, en las que no pueden residir jóvenes.

También está la vivienda de cuatro unidades, en donde el dueño vive en una de ellas. En este caso, el dueño establece lo que requiere la convivencia. También está la residencia unifamiliar, donde si es el propietario quien la está vendiendo o rentando puede decidir los términos. No obstante, si la propiedad es rentada o vendida por un corredor de bienes raíces, le aplica la Ley de Vivienda Justa y debe cumplir con sus disposiciones.

En la aplicación de esta ley hay categorías que están protegidas, como el estatus familiar, donde un menor de 18 años está protegido; la diversidad y los animales, si son guías.

“La legislación establece ilegal cualquier término, condición o privilegios para la venta o alquiler que se violente en alguna de estas categorías. La persona discriminada puede llevar el caso contra quien pone el anuncio, sea oficial o no la página de promoción”, señaló la abogada, tras asegurar que se incurre en discrimen desde mentir sobre la disponibilidad de una casa, hasta alquilar solo a matrimonios jóvenes.

Quien lo haga se expone a sanciones, al ‘injuction’ para detener la práctica, a remedios punitivos y podría ser obligado a rentar o vender a la persona afectada.

No justifican el argumento

Aunque se argumenta que se desplaza al puertorriqueño en favor de los inversionistas beneficiados por los decretos de las leyes de incentivos 20 y 22 —en su mayoría estadounidenses— desarrolladores y realtors aseguran que los números son la principal evidencia de que la información no es real.

Acorde con la presidenta de la ARPR, en su experiencia la mayor parte de las ventas de propiedades se hacen a puertorriqueños. “Quien está afuera lo que busca es un segundo hogar para alquilar, y ya tienen un presupuesto establecido. Buscan gangas, precios extremadamente bajos con un mayor retorno de inversión, contrario a los de las leyes 20 y 22, que son más selectivos y buscan una propiedad para vivir”, sostuvo. Aseguró también que muchos puertorriqueños están comprando para invertir.
“Ahora mismo hay áreas saturadas, lo que aventaja al local, porque al estar aquí puede ir de inmediato a ver la propiedad y ofrecer por ella. El de afuera se tiene que montar en un avión y al llegar ya puede ser tarde. En Puerto Rico aproximadamente un 10% de las ventas son a extranjeros, el 90% es a locales”, abundó González.

Para el desarrollador y CEO de VRM Companies, Rafael Rojo, los números justifican un porcentaje inferior si se incluye solamente a los beneficiarios de las leyes 20 y 22. Explicó que los pasados 11 años, se han vendido en la Isla 95,879 viviendas existentes y 16,199 viviendas nuevas, para un total de 112,078 unidades, y en ese periodo de tiempo hay menos de 4,500 decretos aprobados.

“Eso quiere decir que menos del 4% de la vivienda es lo que han comprado recipientes de decreto de las leyes 20 y 22. Prospectivamente han aumentado las solicitudes, pero aun así, no se ve que sobrepase un 10% de las viviendas a ese sector”, afirmó.

Explicó que en el caso de su empresa, están desarrollando seis proyectos, con precios de ventas que oscilan desde los $135,000 hasta $1.5 millones, y ninguno está opcionado por un tenedor de los beneficios de las leyes 20 y 22.

“En mi experiencia, los compradores se tratan de familias puertorriqueñas que son profesionales exitosos o dueños de negocios exitosos que cuentan con el capital y buscan comunidades para llevarle a sus familias calidad de vida”, apuntó.

Rojo indicó que existen nichos particulares —como Dorado— donde han llegado extranjeros adinerados.

Afirmó que la llegada de estos extranjeros con dinero ha representado una oportunidad para los puertorriqueños, quienes han logrado vender las propiedades hasta por encima de su valor, lo que les ha representado significativas ganancias que les han permitido moverse a otras comunidades de alto valor.

Para Rojo es un doble estándar pretender que no se les vendan propiedades a los extranjeros cuando miles de puertorriqueños se han ido a los Estados Unidos y han desplazado a los locales que allí residen.

“No podemos exigir ahora que se les cierren las puertas aquí y nos abran las puertas allá. Este movimiento enriquece la cultura, las costumbres y a las comunidades. Se trata de una centrífuga positiva de valorización que es saludable. Aquí el problema es la escasez de viviendas. Del 2007 para atrás, en la Isla se construían entre 10,000 a 13,000 unidades y no mitigaba la demanda. Desde entonces, la demanda se fue deprimiendo y apenas se construían entre unas 1,000 a 2,000 unidades. Esto ha generado que el 70% de las viviendas existentes en la Isla datan de 40 años atrás, lo que no es apetecible a la demanda actual”, enfatizó el desarrollador.

Incrementa la desigualdad

Contrario a la perspectiva de que es una oportunidad para la Isla y los puertorriqueños, la socióloga Palmira Ríos entiende que la mudanza a la Isla de extranjeros económicamente pudientes, ha generado el encarecimiento del acceso a la vivienda, sustituido la vivienda asequible y desplazado a la población pobre, que es la tercera parte de la población de Puerto Rico.

“Las viviendas cada vez están más lejos para la población más vulnerable. Se hacen proyectos cada vez más caros, lo que sigue incrementando la desigualdad que ya existe en Puerto Rico. Nuestro Índice de Desigualdad es el más alto de los EE.UU. y uno de los más altos del mundo. Hasta los residenciales los están convirtiendo en condominios privados, en un abierto proceso de desplazamiento de la población pobre de este País”, afirmó.

Ríos está convencida de que cada vez se le hará más difícil a los pobres vivir en Puerto Rico, lo que poco a poco los obligará a abandonar la Isla.

Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO 31/01/2022