La Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raices de Puerto Rico expresa públicamente su oposición al Proyecto de la Cámara 1331, medida que propone derogar la Ley Num. 10-1994, según enmendada, y sustituirla por un nuevo marco jurídico para la regulación de la industria de bienes raíces en Puerto Rico.
La Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raices de Puerto Rico expresa públicamente su oposición al Proyecto de la Cámara 1331, medida que propone derogar la Ley Num. 10-1994, según enmendada, y sustituirla por un nuevo marco jurídico para la regulación de la industria de bienes raíces en Puerto Rico.
La Junta reconoce la necesidad de modernizar, fortalecer y atemperar nuestra legislación a las nuevas realidades de la industria inmobiliaria, incluyendo los cambios tecnológicos, profesionales, educativos y de protección al consumidor.
Sin embargo, una transformación de esta magnitud debe ser producto de un proceso amplio, responsable, participativo y fundamentado en el conocimiento y experiencia de todos los sectores afectados.
La regulación de una profesión que incide directamente sobre el patrimonio, la vivienda y los derechos de miles de consumidores puertorriqueños requiere prudencia, estudio y participación
LA JUNTA REAFIRMA: Si a la modernización de la Ley 10-1994. Si al fortalecimiento de la educación y fiscalización profesional. Si a una mayor protección del consumidor. Si a la incorporación responsable de las nuevas tecnologias. Si a la participación de todos los sectores de la industria.
La Junta continuará defendiendo una legislación moderna que proteja el interés público, fortalezca la profesión y eleve el nivel educativo y ético de la industria inmobiliaria de Puerto Rico.
Especialistas reconocen la necesidad de actualizar la Ley, pero cuestionan sustituirla mientras un comité de enmiendas ya evalúa cambios al marco regulatorio
Por Carlos Aponte Inostroza, EL VOCERO 17/09/2026
Aunque entre representantes de las bienes raíces existe un consenso sobre la necesidad de modernizar el marco legal que regula la industria, la presentación de un proyecto de ley que propone derogar la Ley 10 de 1994 y establecer un nuevo marco jurídico para el sector ha generado cuestionamientos sobre el momento y el proceso utilizado.
La Ley 10 del 1994 es la normativa principal que reglamenta el negocio de bienes raíces y la práctica de los corredores, vendedores y empresas inmobiliarias en Puerto Rico la cual establece la Junta Examinadora de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces (JCVEBR) adscrita al Departamento de Estado; da a la Junta el poder de otorgar, suspender, renovar o denegar licencias a los profesionales del sector; fija las reglas de educación, exámenes y cursos requeridos para ejercer legalmente; y regula las prácticas justas en la venta, alquiler o manejo de propiedades para evitar fraudes; entre otros aspectos.
A juicio de los especialistas, ya existe un comité de enmiendas nombrado por dicha Junta desde el 2025 que lleva a cabo un análisis de las necesidades del sector, mientras evalúa también la protección del consumidor y el interés público.
Ante la situación presentada, el presidente de la JCVEBR, Miguel Mercado, mencionó que el organismo que preside reconoce plenamente la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa para revisar, modernizar, enmendar o sustituir los estatutos que conforman el ordenamiento jurídico de Puerto Rico.
Asimismo, reconoció la necesidad de que la regulación de la industria de bienes raíces evolucione de manera responsable ante los cambios tecnológicos, económicos, profesionales y sociales ocurridos durante las últimas décadas.
Cualquier modificación sustancial al marco regulatorio debe evaluarse desde tres perspectivas inseparables: protección del consumidor. integridad de la profesión y capacidad efectiva del Estado para fiscalizar su cumplimiento, Miguel Mercado Presidente de JCVEBP
“Precisamente, por reconocer esa necesidad, la Junta ha venido impulsando desde el año 2025 un proceso dirigido a revisar y modernizar la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994, mediante un mecanismo de participación y consulta con los distintos componentes de la industria. Por consiguiente, la Junta favorece la modernización, pero considera improcedente aprobar una sustitución completa de la Ley 10-1994 sin antes integrar el análisis técnico del organismo regulador y el trabajo ya adelantado por el Comité de Enmiendas”, comentó Mercado.
Añadió que la regulación de la profesión de bienes raíces no constituye un asunto exclusivamente gremial ni responde únicamente a los intereses económicos de quienes participan en la industria, sino que su propósito fundamental es la protección del consumidor y del interés público.
“En una transacción inmobiliaria pueden estar comprometidos el patrimonio familiar, depósitos de compradores, fondos mantenidos en cuentas especiales, obligaciones hipotecarias, contratos de arrendamiento, compraventas, opciones, representaciones profesionales y otras relaciones jurídicas de gran trascendencia económica. Por ello, cualquier modificación sustancial al marco regulatorio debe evaluarse desde tres perspectivas inseparables: protección del consumidor. integridad de la profesión y capacidad efectiva del Estado para fiscalizar su cumplimiento”, sostuvo el ejecutivo.
Mercado resaltó que resulta significativo que el propio Proyecto de la Cámara (P. de la C. 1331) reconoce que la regulación adecuada es indispensable para garantizar transparencia, equidad, protección de los consumidores y confianza en la industria.
El ejecutivo mencionó que la medida no demuestra qué deficiencia exige derogar íntegramente la Ley 10-1994, sino que reproduce buena parte de la estructura regulatoria vigente; crea conflictos normativos y operacionales; contiene una ambigüedad penal identificada por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT); y carece de disposiciones suficientes para asegurar la continuidad de reglamentos, expedientes, querellas, investigaciones y solicitudes pendientes.
No obstante, la presidenta de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Kristina Fábregas, expresó que los mecanismos presentados en la medida legislativa actualizan las prácticas proscritas a la realidad del mercadeo digital —incluyendo representaciones visuales que distorsionen la condición real de una propiedad— y responden a un consenso amplio entre sectores financieros, de construcción y de protección al consumidor.
“Nuestros profesionales son un instrumento vital para miles de familias que logran adquirir su hogar, y para comerciantes y empresas que dependen de transacciones de bienes raíces seguras y confiables. Este proyecto les da a esos consumidores el marco de protección que merecen”, acotó Fábregas.
INSTITUTO DE BIENES RAÍCES SYLVIA REALTY “Abriendo las puertas al conocimiento”
La Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces de Puerto Rico el pasado 20 de noviembre de 2024 emitió la RESOLUCIÓN NÚM. 2024-04: “Certificación de renovación automática por radicación previa a vencimiento” sobre la licencia de bienes raíces en Puerto Rico.
Dicha resolución establece el procedimiento para solicitar un certificado de renovación de licencia temporero a todo corredor, vendedor y empresa de bienes raíces que haya presentado su solicitud completa de renovación con todos los documentos requeridos, al menos treinta (30) días antes del vencimiento de su licencia, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley 10 de 1994.
Las más altas en 22 años: la Reserva Federal aprueba nuevo aumento de las tasas de interés
Aunque la inflación ha frenado su aumento en los últimos meses, los precios al consumidor siguen altos en el país.
La Reserva Federal aprobó este miércoles un nuevo aumento en las tasas de interés, situándolas en su punto más alto en los últimos 22 años y a pesar de que la inflación se ha estancado en los últimos meses.
El aumento aprobado fue de un cuarto punto (0.25%), medida que restringirá aún más el acceso a créditos para negocios y consumidores y la cual deja la tasa referencial entre 5.25 % y 5.5%, la más alta desde 2007.
La decisión es un claro mensaje de la Reserva Federal en su batalla contra la inflación y para lograr su objetivo de que esta caiga al 2%, a pesar de que la inflación interanual en junio pasado fue del 3%.
Aunque la inflación ha disminuido en los últimos 12 meses, los consumidores siguen enfrentándose a los altos precios de los alquileres, viviendas y carros usados, entre otros.
Al aumentar sus tasas de interés, la Reserva Federal espera encarecer los préstamos y la inversión, reduciendo así la demanda general de bienes, servicios y mano de obra en la economía.
“La inflación sigue obstinadamente alta”, dijo Greg McBride, vicepresidente senior y analista financiero jefe de Bankrate. “La economía ha sido notablemente resistente, el mercado laboral aún es sólido, pero eso puede estar contribuyendo a la inflación alta”, dijo McBride. “Así que la Fed tiene que apretar los frenos un poco más”.
La Reserva Federal se encarga de equilibrar el desempleo y la inflación. En este momento, la tasa de desempleo, en 3.6%, sigue siendo históricamente baja.
Por primera vez en 15 meses, la Reserva Federal mantuvo en junio su tasa de interés clave sin cambios después de haberla subido 10 veces seguidas para combatir la alta inflación.
Incentivo de hasta $15,000 para placas solares a familias de clase media
La ronda de turnos para los interesados en solicitar el beneficio se llevará a cabo el jueves 10 de agosto.
Ciudadanos de clase media con ingresos de $84,400, en aquellos casos en que la persona vive sola, o hasta $158,400 para familias con ocho miembros, podrán solicitar el próximo 10 de agosto la ayuda de hasta $15,000 para la instalación de un sistema de placas y baterías bajo el Programa de Incentivo Solar del Departamento de la Vivienda.
Así lo informó en entrevista con Primera Hora el secretario de Vivienda, William Rodríguez, al explicar que la iniciativa busca dar apoyo económico a gran parte de la fuerza trabajadora del país a fin de que puedan establecer en sus hogares un sistema de energía solar que responda a las constantes interrupciones de servicio eléctrico que ocurren en la isla, así como mitigar riesgos -particularmente para la salud y la seguridad- ante futuros desastres naturales.
La entrega de boletos a los interesados en el incentivo del programa -que se sustenta de $100 millones de fondos CDBG-MIT- se llevará a cabo en una sola ronda el jueves 10 de agosto, a partir de las 8:00 de la mañana.
“Contará con un total de 6,000 boletos. De estos, habrá 4,000 boletos disponibles en internet a través de la página http://www.incentivosolar.pr.gov; otros 1,000 se otorgarán a través de un centro de llamadas; y los otros 1,000 se darán físicamente a través de los 10 centros de registro que tenemos alrededor de la isla”, puntualizó Rodríguez al agregar que estas oficinas están ubicadas en Aguadilla, Mayagüez, Arecibo, Ponce, Vega Alta, San Juan, Caguas, Yabucoa, Fajardo y Orocovis.
Los criterios de elegibilidad son parecidos al Programa Nueva Energía -destinado a personas de ingresos bajos o moderados- e incluye lo siguiente: la vivienda del beneficiario debe ser unifamiliar (no se permiten apartamentos); la propiedad debe ser la residencia principal del solicitante (no se aceptan propiedades alquiladas); y el solicitante debe ser ciudadano estadounidense, nacional no ciudadano, o extranjero cualificado.
Además, es importante que, para el 10 de agosto, al momento de solicitar el boleto, la persona tenga un acuerdo o contrato de instalación junto a un formulario de reconocimiento y consentimiento ambiental. Otro dato a consideración es que no puede haberse comenzado la instalación del sistema al momento de solicitar el incentivo.
En cuanto a los ingresos, se establece que deben estar entre el 0% hasta 200% del Ingreso Familiar Promedio del Área (AMFI, por sus siglas en inglés).
Pero, ¿qué significa esto? En términos básicos el límite de ingreso varía de acuerdo con la composición familiar. Por ejemplo, en un hogar con una sola persona, el ingreso máximo es $84,400; si hay dos es de $96,000; si son tres personas es $108,000; si son cuatro miembros aumenta a $120,000; si son cinco serían $129,650; en el caso de seis el tope es $139,200; con siete miembros se eleva a $148,800; y con ocho personas bajo el mismo techo serían $158,400.
“Este programa va a proveer el 30% del costo de instalación de placas solares y baterías o $15,000, lo que sea menor”, subrayó Rodríguez.
Aclaró que en aquellos casos en que las personas pagaron el 100% del trabajo durante el proceso de contrato, se trabajará el pago como un reembolso.
“Es importante que las personas sepan que tienen que tener la capacidad de cubrir el 70% de la instalación y que el contrato debe ser con alguna de las 79 compañías que han firmado el acuerdo con el Departamento de la Vivienda”, explicó.
Los costos subvencionales no incluyen la financiación, sino solo los costos de diseño, equipo e instalación.
Una vez se emita el boleto, las familias tendrán 120 días para completar la solicitud. La agencia evaluará el cumplimiento de requisitos (titularidad, ingresos del núcleo familiar, entre otros) para determinar la elegibilidad o no asistencia del programa en un periodo que no debe exceder los 90 días.
El proceso de elegibilidad también incluye una revisión ambiental para examinar el proyecto y sus posibles impactos ambientales, además de que cumpla con las normas federales, estatales y locales.
“Después de todas estas revisiones las familias tendrán 12 meses para completar el proceso de instalación con su compañía de preferencia”, dijo Rodríguez sobre el proceso que deben completarse con una reclamación de desembolso de subvención del programa.
¿Están preparados para la avalancha de solicitudes de boletos?, se le cuestionó al jefe de agencia.
“Definitivamente, estamos preparados y la expectativa es que se agoten tan rápido como la ronda anterior”, respondió Rodríguez.
El pasado 27 de abril, cuando arrancó la primera ronda del programa Nueva Energía, los 3,380 turnos que se repartieron para solicitar el incentivo se agotaron en menos de una hora.
Empieza la instalación a las familias de escasos recursos
De otra parte, el secretario de Vivienda explicó que la agencia empezó a otorgar los $30,000 a las familias que solicitaron los incentivos de hasta $30,000 del programa Nueva Energía, mediante el cual familias de bajos ingresos podrán instalar sistemas de placas solares y baterías recargables en sus hogares.
Rodríguez acotó que de las personas que hicieron turno, unos 2,599, sometieron las solicitudes con la información requerida. Faltan 781 sujetos que deben entregar los documentos para el 26 de julio, fecha en que se cumplen los 120 días establecidos en reglamento.
De otra parte, indicó que 638 familias ya fueron cualificadas y están listas para comenzar el proceso de compra e instalación de equipo.
Publicado en Primera Hora Online, primerahora.com, el 12 de julio de 2023
Educación continuada requerida en el ciclo de renovación de la licencia de bienes raíces y la Resolución 2023-01
Amados Estudiantes:
En el Instituto Sylvia Realty deseamos que todos los Corredores, Vendedores y Profesores estén al día con lo que resuelve la Junta Examinadora de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces en relación a nuestra Profesión.
Favor de leer detenidamente la Resolución, para que logres un proceso de renovación efectivo y la licencia renovada te llegue a tiempo, recordando siempre renovar con 90 días de antelación a la fecha de vencimiento de la licencia.
En el Instituto Sylvia Realty te ofrecemos el servicio de Análisis de Horas Créditos de Educación Continuada, un análisis basado en la Ley 10 de 1994, el Reglamento 9101 de 2019 y la Resolución 2023-01.
