Más regulación para corredores de bienes raíces
Pieza legislativa busca mayor claridad en cuanto a propiedades disponibles
En busca de evitar que se mantengan los anuncios de un inmueble para la venta o arrendamiento cuando el mismo no esté disponible por haberse vendido, rentado o eliminado del proceso, la Legislatura se apresta a considerar el Proyecto de la Cámara 1891 para detener la práctica que tildan de engañosa.
La medida presentada por los representantes José “Che” Pérez Cordero y Guillermo Miranda Rivera busca penalizar dicha práctica y responde a las innumerables quejas recibidas de consumidores.
“Con el Proyecto de la Cámara 1891 buscamos prohibir la práctica a todo corredor de bienes raíces de ofrecer o continuar ofreciendo en ese inventario una propiedad a la venta o en arrendamiento, cuando la misma no se encuentre disponible, so color de obtener negocios sobre otras propiedades vacantes para realizar algún negocio jurídico”, expresó Pérez Cordero.
Los legisladores explicaron que tal acción constituye una falta ética, cuando un corredor, a sabiendas de que la propiedad por la cual lo contactan no está vacante, decide voluntariamente mantenerla en el registro de propiedades disponibles para la venta o arrendamiento con la única finalidad de poder dar acceso a otras propiedades de su cartera y poder finiquitar algún otro negocio jurídico con ellas.
“Esto a su vez constituye un engaño para el cliente que, de buena fe, entabla una comunicación para obtener información de un inmueble en particular”, añadió Pérez Cordero. Sostuvo que el proyecto legislativo salvaguarda el mejor interés de los consumidores.
Reacciona la Asociación de Realtors
“Vemos la utilidad de la medida, ya que ella nos ayuda a que la industria se siga encaminando con la misma ética por la que nos regimos nosotros. La asociación continuará orientando a la Legislatura de cambios que protejan el derecho del consumidor puertorriqueño”, opinó, por su parte, Eddie López, presidente de la Asociación de Realtors de Puerto Rico.
En Puerto Rico, para ejercer la profesión, los corredores deben estar certificados por la Junta Examinadora de Bienes Raíces. Al presente, hay certificados unos 7,000 corredores y vendedores de bienes raíces y solo unos 710 pertenecen a la asociación.
Según López, “hay corredores que obtienen licencia sin pasar por un proceso de aprendizaje donde un corredor con experiencia le ayude”, por lo cual aseguró que el rol de la asociación es importante para garantizarles a los clientes un mejor desempeño de los profesionales en el campo.
“En la asociación se publican las propiedades a través de puertoricorealtorsmis.com. Ahora tenemos un acuerdo con My Florida Regional Multiple Listing Service, donde el corredor tiene 48 horas para actualizar el estatus del inmueble, si fuese vendido, opcionado o retirado. El incumplimiento de este conlleva penalidades que puede ir desde los $50 hasta los $5,000. O sea, hay consecuencias por las malas prácticas sin estar regulado por la Legislatura. Aquí se autocorrige y se multa”, destacó López.
Defendió que los realtors asociados se caracterizan por seguir el estricto código de ética que les rige y que tienen mecanismos y penalidades para garantizar las mejores prácticas hacia los clientes.
Por Ileanexis Vera Rosado. Publicado en el Vocero.com el 20 de noviembre de 2018.
Foto: El Capitolio, wikimedia commons
El Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en la prestación de servicios profesionales designados y servicios rendidos entre comerciantes, en los casos en que el volumen de negocios anual no exceda $200,000, quedó eliminado desde ayer, anunció hoy el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado.
“La investigación realizada por el Departamento abarcó a más de 50 corredores de bienes raíces. Un gran número de corredores anuncian o mantienen vigentes anuncios de propiedades que ellos saben que no tienen disponible para la venta con el único propósito de atraer más clientes. Cuando el consumidor llama le dicen que la propiedad por la cual preguntan no está disponible, pero le comienzan a ofrecer otras. Esta es una práctica que ha ido en aumento, particularmente con la proliferación de plataformas digitales que hacen ofertas de propiedades en Puerto Rico y que vamos a continuar fiscalizando”, explicó el secretario de DACO.
